Nuevas ideas ¿cómo superar la crisis?

Una propuesta quizás extraña pero… ¿qué piensas de ella?

SEAMOS CONSCIENTE Y CONSUMAMOS LO NUESTRO AHORA ES LA MEJOR OPCION…

De fácil que es… ¡asusta!

Sabiendo que economía global es un flujo de capitales que entran y salen de los países, ¿qué pasaría si redujéramos un 80 % el flujo de salida de capitales durante 3 meses? Sencillamente el país se recapitalizaría en un tiempo record. Adiós a la crisis antes de final de año.

Efectivamente sería un proteccionismo «a lo bestia».

Supongamos que los españoles tomamos conciencia de lo insostenible de la situación y actuamos como las hormigas con un fin común.

Supongamos que hacemos circular este correo a todos nuestros contactos y lo reenviamos tantas veces como lo recibamos. En semanas todo el país tendría conocimiento de él.

Supongamos que fijamos la fecha del 1 de octubre de 2012 para dejar de consumir simultáneamente los 46 millones de españoles productos extranjeros y sólo consumimos productos «made in spain». La demanda de nuestros productos se dispararía y se iniciaría un proceso de reactivación espectacular de nuestra economía, crecería el empleo, recaudaríamos impuestos y podríamos saldar definitivamente la deuda que nos está hundiendo.

Por supuesto esta iniciativa tendría muy mala prensa en el exterior (Alemania, Austria, Francia, Finlandia, etc.) pero al no ser una propuesta gubernamental no podría ser sancionable.

El 1 de octubre dejaremos de comprar electrodomésticos Bosch y Siemens no fabricados en España, no compraríamos coches cuyas fábricas no estuvieran en España, no consumiríamos productos alimenticios importados (ni cerveza). Cualquier compra sería importante, desde las grandes compras hasta los millones de pequeñas transacciones (chicles, tabaco, bebidas, revistas). Nada.

Es tan fácil como eso y solo haciendo pequeños sacrificios (cambiar los refrescos no fabricados en España, por una Cola nacional, durante unos meses)

He aquí la solución. Es tan fácil y sin embargo… La vemos tan lejana y difícil, pero…

¿Seríamos capaces?

Distribuye este correo entre todos tus contactos y reenvíalo tantas veces como te vuelva a llegar. Si el 30 de septiembre este correo ha dado la vuelta a España y conseguimos hablar tanto de él como hablamos de la crisis, esta se habrá terminado el 1 de octubre. Y si esta misma política de consumo, la seguimos y la tomamos como costumbre, ni leal cuento.

 

EL CÓDIGO DE BARRAS DE LOS PRODUCTOS NACIONALES EMPIEZA POR 84.

 

Ánimo compañeras y compañeros, es una buena medida y no cuesta ningún sacrificio por nuestra parte, ya que consumiremos igual, pero sólo productos nacionales.

Si no lo haces por ti, hazlo por los 5 millones de parados que necesitan desesperadamente salir de esta situación.

Por favor, reenvíalo.

 

¡Por los 5 millones de parados y por todos nosotros!

La vulnerabilidad económica: exclusión social

 ¡Mundo en crisis, excluidos económicos!

Nada seguramente volverá a ser igual, tampoco las dinámicas de participación en Sociedades en las cuales existen grupos de personas que superaron el “punto muerto” -como se diría en términos económicos- de satisfacción de las necesidades básicas y de la cobertura de un determinado nivel de vida, lo que les permite una relajación en cuando a las preocupaciones en torno al empleo y a los ingresos, que en las sociedades duales que ahora han resurgido en las cuales sobreviven éstas y además personas que tienen que definir en el día a día estrategias de supervivencia y plantearse primero cómo resolver sus necesidades básicas y las de su familia. Sociedades duales donde la jerarquía de preocupaciones de la gente es muy distinta y donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, esa que separa a los incluidos de los excluidos, y muy difícil de reducir. En un contexto de crisis económica sigue una trayectoria de creciente exclusión y polarización social, o dicho de otra manera puede llevarnos a mantener de manera perversa y discriminatoria a amplias capas de su población, a quienes se les impide potenciar y aprovechar sus habilidades y capacidades para el enriquecimiento de la vida, la ampliación de las libertades, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la cooperación, la construcción participativa a través de instituciones y prácticas democráticas, el desarrollo, el bienestar económico y social.

La falta de oportunidades refleja importantes problemas de exclusión social, entre otros, en una alta concentración del ingreso y la riqueza, elevados niveles de pobreza e indigencia, persistencia del desempleo, precariedad en el acceso a servicios sociales, a la protección social y a los activos productivos.

Un nuevo escenario en el cual la vulnerabilidad económica pasa a primer plano en esa estrecha línea divisoria que separa a los excluidos sociales. Donde prácticamente cualquier persona puede pasar por un proceso de paro a largo plazo, de imposibilidad de devolución de deudas, etc. que hacen que un abrir y cerrar de ojos la realidad cambie pasando a la completa indigencia, eso sí económica –al menos en el inicio-. Punto de difícil retorno, con un camino que lleva a la exclusión, en la que nunca volverás a ser el que eras, marcado en un RAE no sólo económico sino social.

Suena a paradoja, pero en este siglo XXI, el papel de Instituciones como Cruz Roja Española, en la atención a los vulnerables (cuando debieran haber desaparecido porque los fines para los que fueron creadas debieran haber sido superados por la evolución de la sociedad) es más necesario. No solo en la atención de las necesidades básicas, sino también en ese papel diferenciador de las mal llamadas “non profit”  (sin fines de lucro o, dicho de otro modo, no comercial) persiguiendo mediante su acción un ser humano cambiado, contribuyendo a una organización social más pujante capaz de defender sus derechos, siendo fuentes de innovación y dinamización social, prestando servicios que no quedan cubiertos por el sector público ni por el privado -enfrentándose con fallos del mercado y tratando de corregir sus deficiencias-, y tendiendo un puente de comunicación entre el tejido social –la sociedad- y las estructuras sociales –gobernantes, políticos, etc-.

Discurso de La Sagra en 1840, reflexión en 2012

170 años después rescato un trozo del famoso discurso pronunciado en el Ateneo de Madrid, en 1840, por La Sagra. Se pueden apreciar en él las realizaciones de la revolución política llevada a cabo por los liberales desde la muerte de Fernando VII. Y lo traigo a colación del momento actual de crisis económica, pero no solo.

Su eficacia  relativa  nos pone en guardia ante las soluciones dadas por los burgueses a la precaria situación de las clases trabajadoras.  Diversos elementos derechistas entran a formar parte del sector burgués, que cuanto más se acrecienta y controla el poder, más en contradicción se pone, no sólo con sus propios intereses, sino con los del pueblo, que empieza a sufrir el proceso de proletarización.  Así se expresaba La Sagra -y no se olvide- en 1808:

«Mientras que la democracia rica e ilustrada, constituyéndose en aristocracia de nuevo género, ocupa los puestos públicos a que es llamada, ejerce la acción directiva del gobierno, que indudablemente le pertenece, y es elegida para la organización y construcción de sus leyes, la democracia pobre e ignorante vive de una manera precaria, no ve asegurada su existencia en modo alguno y carece de los goces sociales a que tiene derecho por sus trabajos y virtudes… La estabilidad de las instituciones que la revolución política ha creado y el remedio de los males que ha producido, exigen una nueva revolución; pero revolución simplemente social, tranquila y sensata, que acabe de destruir los vicios antiguos y restablezca y arregle las virtudes públicas, sacudidas en los tiempos de trastorno… Consolidada que sea la paz, se harán efectivas estas condiciones y consecuencias de los cambios operados; pero siempre restará que procurar al pueblo el goce de los intereses materiales y morales que necesita y reclama para ser feliz y de los cuales depende en gran parte el goce de los intereses políticos.  ¿Qué importa, en efecto, haberle concedido el uso de la libertad de cambiar los productos de su industria si no halla medios de comunicación por dónde hacerlo?… ¿Qué hará con el diploma de libre que se le ha concedido, si este título no le asegura medios constantes de trabajo para no morir de hambre?  ¿De qué le servirá, en fin, su mismo derecho electoral, cuando no se le ha enseñado a apreciarlo o el estado precario de su existencia le condena a no ejercerlo?

Desengañémonos, señores: las clases laboriosas, las clases proletarias, no mejorarán en su estado y posición social sólo con haberse promovido en su favor los intereses políticos, puesto que para entrar en el goce de estos bienes necesitan entrar antes en la posesión de los intereses materiales y morales…»

9,4 millones de declarantes marcó la casilla de su aportación del 0’7 a Otros Fines de Interés Social

 

   Un total de 9,47 millones de españoles, 53.000 más que en 2010, marcaron la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta el año pasado, de modo que destinaron el 0,7 por ciento de su tributación vía IRPF a proyectos de acción social, cooperación internacional y protección del medio ambiente.

   Según ha explicado la Plataforma del Tercer Sector en un comunicado, en total se recaudaron 207 millones de euros para proyectos de acción social, con los que se financiaron 1.082 programas a cargo de 410 ONG que trabajan en España en áreas como personas mayores, personas con discapacidad y a infancia y familia.

   En concreto, 125 millones, un 78% del total recaudado, se destina a acción social dentro de España, mientras que el 19 por ciento se emplea en iniciativas de cooperación al desarrollo y el tres por ciento restante, a programas de dirigidos a favorecer el medio ambiente.

   No obstante, la Plataforma explica que «más de 1.000 programas se quedaron sin asignación» el año pasado por falta de fondos, por lo que piden a los ciudadanos que no olviden marcar la casilla en la próxima declaración de la renta, porque «no cuesta nada».

   «El contribuyente, al hacer la declaración de la Renta, no va a tener que pagar más ni le van a devolver menos. Además, también puede marcar la casilla de la Iglesia Católica junto con la de Fines Sociales y, de esta manera, destinará un 0,7 por ciento a cada una de ellas. Simultaneando las dos casillas, la ayuda no se divide, se suma», recuerda la plataforma.

   Aunque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han avalado en dos recientes sentencias que las comunidades autónomas gestionen el reparto del dinero recaudado en su territorio con la casilla de Fines Sociales, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirmó este miércoles que el sistema seguirá «como hasta ahora», es decir, que será el Ejecutivo central quien se encargue de asignar la recaudación entre las distintas ONG que operan en España.

Jornada sobre el nuevo Plan Contable de Entidades sin fines lucrativos

Nueva jornada de formación del nuevo Plan contable para Entidades sin fines lucrativos.Más de 50 personas con responsabilidad en la gestión económica y financiera en las ONG han participado en esta jornada sobre la adaptación del nuevo Plan General Contable para Entidades sin Fines Lucrativos celebradas en el salón de actos de la Fundación ONCE.

El presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, Juan Lara, tras su dilatada experiencia profesional en el ámbito económico ha introducido estas jornadas que ha contado con la colaboración especial de dos expertos en la gestión económica de las ONG, Luis Ureña de Caritas Española y Juan Jesús Donoso de Cruz Roja Española.

El objetivo de estas jornadas ha sido el de transmitir a los asistentes la importancia de regular el tratamiento contable de las actividades que desarrollan las Entidades sin Fines Lucrativos en un contexto actual donde es más necesario que nunca demostrar la transparencia sobre las actividades que realizan, así como sobre el modo y empleo de los recursos y medios que gestionan. Además, esta adaptación del Nuevo Plan General Contable, como señaló Juan Jesús Donoso, «abrirá la puerta para que se interprete en un futuro lo que son nuestras entidades y no lo que no son».

El congreso ve más lógico una gestión desde arriba para la subvención del 0,7% que una territorializada

¿Desde la lógica social?

Parece mucho más lógico una gestión conjunta de la subvención del 0,7%  que una territorializada. Precísamente estamos hablando de fines sociales, donde se persigue esa labor sin que tenga que ver, o al menos así lo veo yo, con el territorio donde esté domiciliada la persona que hace la declaración de la renta. Se trata de corregir las externalidades que produce este sistema capitalista allí donde las necesidades son mayores y, por qué no, de realizar un efecto de redistribución de quién más tiene a quién más lo necesita. Precísamente eso es algo que esta presente en la declaración de la renta, a mayor nivel de renta, mayor progresividad y mayor contribución. Este principio que todos defienden resulta que de determinados grupos políticos no se ven así en el caso de que esas personas pertenezcan a un determinado territorio. Vamos que si es por escoger, y lo que se trata es de «qué hay de lo mio», yo elijo que se me aplique la progresividad en mi familia, y que si yo pago más que lo reciban mi mujer, hijos, padres, etc.

Debate en el pleno del Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta de ERC de exigir al Gobierno su compromiso de territorializar el 0,7 por ciento del IRPF en la declaración de la renta, la casilla destinada a los fines sociales.

Los republicanos catalanes, que han conseguido 34 votos de respaldo del PNV, CiU, BNG, CC, Geroa Bai y Compromis, pretendían con esta moción, consecuencia de la interpelación que el diputado Joan Tardà defendió la semana pasada en el Congreso, que se reconozcan estas competencias exclusivas a las comunidades autónomas, después de las sentencias que así lo avalan del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, según ha defendido de nuevo Tardà.

Además, quería que se trasladara esta medida, de común acuerdo con las comunidades, a las nuevas convocatorias de régimen general y de 0,7 por ciento del IRPF, para el ejercicio actual, a fin de garantizar a las comunidades con título competencial fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados.

En concreto, la sentencia del TC de noviembre de 2011, aunque otorgue la gestión de esos servicios a las corporaciones locales, precisa que es el Estado el que puede determinar el montante que le corresponde a cada comunidad autónoma.

Mientras, la sentencia del TS falló a favor de que las comunidades puedan gestionar los recursos destinados a la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta, al estimar un recurso presentado en 2005 por la Generalitat catalana.

Dejar las cosas en su sitio

El diputado del PNV, Pedro Azpiazu, ha señalado por su parte que la moción sólo pretende «dejar las cosas en su sitio» y los recursos que se obtengan del 0,7 por ciento sean gestionados por las comunidades autónomas. «Desde el PNV apoyaremos todas aquellas iniciativas en favor del marco competencial», ha agregado.

Laia Ortiz, de ICV, que ha condenado la represión a los estudiantes en Valencia señalando que el Congreso «no puede mirar hacia otro lado como lo hacen estudiantes valencianos», ha indicado que esta propuesta de ERC representa una reivindicación histórica, además de que las sentencias del TS y del TC instan al traspaso de una competencia «que debe ser catalana».

El diputado de CiU, Carles Campuzano, ha avisado de que sería «muy grave» si el Gobierno no acata una sentencia del TS, a la vez que ha augurado que habrá un día en el que los impuestos de los catalanes sean gestionados por los propios catalanes, ya que, en su opinión, así lo avalan las sentencias y la mayoría de la sociedad catalana.

Por parte del PP, Matilde Pastora Asian, ha mostrado la satisfacción de su grupo parlamentario ante la moción presentada, en cuanto al acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien ha expresado su negativa en cuanto a la transferencia de los fondos del IRPF porque, según ha puntualizado, «constituyen fondos del Estado y tienen título competencial suficiente para hacer su programa de acción social en todo el territorio nacional».

Temor en el Sector de Acción Social y Cooperación en la pérdida de las subvenciones del IRPF

Las principales ONG que operan en España temen que si las Comunidades Autónomas se quedan con la competencia de distribuir el dinero recaudado mediante la casilla para fines sociales del IRFP, como ha fallado el Tribunal Supremo en relación a Cataluña, se pierdan fondos para los proyectos tanto de cooperación como de acción social.

En concreto, la sentencia del TS destaca que es competencia del Estado la regulación de los aspectos centrales de las subvenciones para programas con fines sociales pero «es competencia de la Generalitat su gestión y la tramitación, resolución y pago».

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, Luciano Poyato, ha mostrado su «preocupación» por que el dinero «se pierda o se destine a otros fines» y ha optado por «mantener un sistema, coordinado por la Administración General del Estado, que ha demostrado su eficacia».

En declaraciones a Europa Press, Poyato ha recordado que «las actuales convocatorias que saca la Administración General del Estado pasan por un ámbito consultivo en el que están las ONG», por lo que ese dinero se distribuye «en función de las prioridades» que existen en torno a la exclusión. «Nuestra postura es que si hay algo que viene funcionando, que no se toque ni se paralice», ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que «el gran interrogante es que si se transfiere a las CCAA puede ocurrir que el dinero llegue a la autonomía, vaya a una consejería en concreto y no lo saque en concurrencia pública para las ONG, aunque ese dinero se destine finalmente a otro tipo de proyectos sociales. De esta forma, según Poyato, se estaría saltando «un intermediario fundamental».

Por otro lado, se ha mostrado «preocupado» por que «según esta la situación económica y financiera de algunas comunidades» este dinero «no vaya a la finalidad que debe tener y que las ONG vienen reivindicando desde hace muchísimos años». «Creemos en el mecanismo actual, que está haciendo que los que son pobres no sean más pobres», ha apostillado Poyato, a la vez que insiste en que «el dinero canalizado por las ONG llega siempre a su destino».

Equilibrar las diferencias entre Comunidades

También ha asegurado que «las convocatorias a nivel estatal equilibran las diferencias económicas entre comunidades autónomas». En cualquier caso, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social ha advertido de que «no se va a entrar en una guerra con lo territorial», ya que muchas de las organizaciones del sector tienen unidades territoriales con gran peso dentro de se esquema organizativo.

Otro problema que destaca Poyato es que «si el dinero se descentraliza habría un coste de la Administración General del Estado y después otro de cada Comunidad Autónoma, que debería afrontar el gasto derivado de la gestión para la ejecución de las subvenciones». De esta forma, ha sentenciado, se estaría duplicando la burocracia».

Por último, ha recordado que para el Tercer Sector de Acción Social la campaña del 0,7% es esencial para ayudar al gran abanico de colectivos que las ONG cubren y ha celebrado que «cada año la ciudadanía tiene una respuesta más clara a la hora de destinar parte de sus impuestos a fines sociales».

La AECID nunca se retrasa en los pagos

Para el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE), Eduardo Sánchez, hay que tener en cuenta además, que muchas Comunidades Autónomas tienen retrasos a la hora de ejecutar sus pagos, algo que «nunca» ha pasado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esto, según afirma, «puede hacer que bajen los niveles de calidad en la gestión».

Sánchez ha añadido que existe la «preocupación» de que unos fondos que ya se están aplicando sean sustituidos por esta nueva partida. «Estamos estudiando con detalle la sentencia y las implicaciones que puede tener, pero lo que tenemos claro es que cualquier cambio, si lo hay, no debería suponer que con ese dinero se sustituyan otras subvenciones

Por eso, ha señalado que se debe exigir «transparencia, concursos públicos e igualdad de oportunidades», para que «todo se destine al fin último» que es la cooperación internacional. Asimismo, Sánchez, ha concretado que existe «un plan director» en el que se debe abordar una lista de prioridades en cuanto a las aportaciones. Por ello, ha negado que puedan existir más problemas a la hora de coordinarse con las CCAA.

El presidente de la CONGDE también ha mostrado su temor de que «se pierda» el dinero si son las Comunidades Autónomas con deudas económicas quienes lo gestionan. En cualquier caso, ha recordado que de lo que se recauda de las casilla del 0,7 «sólo se dedica a cooperación aproximadamente el 20%, unos 50 millones al año».

Políticas neoliberales o keynesianas. Modelo parasitario Chino.

Excelente explicación de D. Julian Pavón sobre las políticas económicas neoliberales y keynesianas. En España el gobierno actual está aplicando políticas neoliberales. Sin embargo no se cumplen muchas de las condiciones del mercado como es la información perfecta y completa, o barreras a la libertad de movimiento en Europa. Una reflexión sobre las dos teorías económicas existentes: keynesianismo o neoliberalismo. Quizás la virtud se encuentre en el punto medio: Ahora en España debería aplicarse políticas keynesianas para el relanzamiento de la actividad y empezar a resolver el verdadero problema de la economía española, el Paro. Y a la vez debe recortarse y replantearse el gasto que tenemos en el Estado actualmente, recortando gasto corriente e incrementando la partida de inversiones. Es decir el aumento de la inversión productiva desde el Estado y la disminución del gasto corriente. Esto supone que hay que replantear tanto la regulación del mercado de trabajo para que no siga existiendo la dualidad actual de personas con trabajo y unos derechos de despido con personas que tienen contratos eventuales sin derecho a nada; pero lo que es más importante a la vez hay que plantear de una vez la reforma del coste del mantenimiento del Estado, de la Administración Territorial y de la Justicia.

Entidades Sin Fines Lucrativos. El beneficio: ¿paradigma o paradoja?

img_entidades1INTRODUCCIÓN

La complejidad de las sociedades desarrolladas de este nuevo siglo parece residir principalmente en que no son homogéneas. Junto a la riqueza, la opulencia y el acceso al consumo de unas capas de población, conviven la pobreza, la mendicidad y la imposibilidad de acceder a un estándar mínimo de calidad de vida (educación, sanidad, empleo, vivienda, etc.) de otras capas. Están presentes también los problemas de la desigualdad en el acceso a la cultura, al ocio, al desarrollo pleno de las capacidades personales. En definitiva, las nuestras son sociedades duales. A esto se añaden los problemas del subdesarrollo de los pueblos del Tercer Mundo, el agravamiento a gran escala del deterioro medioambiental y las reacciones insolidarias que se producen en la sociedad frente a ciertas situaciones, algunas nuevas y otras no tanto (inmigración, SIDA, envejecimiento, minusvalías, …).

 

De la mano de todos estos problemas, muchos colectivos de personas han de padecer alguna clase de desigualdad, marginación o situación de riesgo que identifica a tales personas como colectivos vulnerables[1].

 

Frente a las necesidades que estas situaciones generan, la conciencia de la Humanidad ha ido concretando con el tiempo lo que hay de esencial e irrenunciable en la dignidad del ser humano y ha permitido construir una ideología universal, amplia, conectada con las aspiraciones y necesidades humanas y de marcado contenido emancipador, aunando valores, principios y derechos de las personas: la ideología de los derechos humanos.

 

Las preocupaciones se mueven, en definitiva, en dos direcciones básicas complementarias: por una parte la de contribuir a que tales grupos experimenten mejorías en su calidad de vida y en su capacidad para hacer frente a las situaciones más extremas y, por otra, que las experimenten en el reconocimiento de sus derechos y, por tanto, en su valoración como personas; todo ello con el objetivo de mejorar su capacidad de hecho para realizar un plan de vida autónomo en condiciones de igualdad, libertad y dignidad.

 

De la existencia de estos problemas surge la participación del Estado tratando de modificar todas estas externalidades (teoría del estado del bienestar). En este modelo el mercado se responsabilizaba del crecimiento y el estado en su papel de corrector de los fallos del sistema económico, trata de modificar las deficiencias mediante la redistribución de la renta y el aseguramiento de los niveles mínimos de vida; tratando de corregir las patologías que el mercado originaba.

 

Este sistema se muestra incompleto y entra en crisis, tratando a partir de ese momento de desviar todas las exigencias posibles al mercado, disminuyendo o privatizando servicios públicos y volviendo al sistema de libre competencia. Pero, la crisis del estado del bienestar no ha sido únicamente una privatización de servicios, sino que ha dado lugar al replanteamiento del papel del estado, del mercado y de la sociedad civil.

 

A partir de este momento surge la división de los agentes sociales en tres grandes campos:

à      Iniciativa privada: Entidades que desarrollan su actividad con ánimo de lucro. Se mueve dentro del sistema de libre competencia donde el mercado fija tanto cantidades como precios.

à      Iniciativa pública. Formada por las administraciones públicas, los organismos autónomos y las empresas públicas. La financiación de este agente tiene su origen en los fondos públicos. Tanto cantidades como precios se forman tanto por decisiones sociales como políticas.

à      Iniciativa social: Engloba una serie de instituciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro (llamadas también no gubernamentales).

 

Entendiendo la iniciativa social desde una perspectiva amplia, como aquella que surge de la sociedad, siendo los ciudadanos los que tienen en su voluntad la de pertenecer o no, crear, formar… una institución de este tipo. Así nos encontramos en un conglomerado de asociaciones heterogéneo, diverso y múltiple, sin exclusión (no se eliminan las asociaciones de autoayuda, las asociaciones de afectados ante cualquier problema, las asociaciones vecinales, deportivas o la mayor parte de las asociaciones ciudadanas, de jóvenes, de personas mayores, los sindicatos, cooperativas sociales, colegios profesionales, etc.).  Una gran parte suelen ser asociaciones pequeñas, poco complejas en su organización y que tienden hacia la especialización en torno a un tema, estando además localizadas en un territorio muy concreto.  En general, aunque algunas de estas asociaciones realizan una labor en favor de sus asociados están contribuyendo a la resolución de los problemas y al bienestar social de grupos mucho más amplios, transcendiendo los resultados que obtienen más allá del propio grupo, transmitiendo estas mejoras a la comunidad.  Es más, están ayudando a desarrollar un tejido denso de redes ciudadanas que contribuyen a una sociedad civil más pujante y organizada (Gíl, 1990)[2]. Sin duda, actúan desde la solidaridad para la mejora del bienestar, se les puede acusar de actuar desde una ideología determinada, en la defensa de los intereses de un colectivo específico, pero aquella organización que esté libre de ideología o que no defienda los intereses de sus miembros “que tire la primera piedra”.

 

De esta forma surgen una serie de instituciones que sin pertenecer al sector público persiguen unos objetivos que pretenden incidir en este estado del bienestar. La aparición de las entidades sin fines de lucro se debe tanto a fallos del mercado como al fallo del Estado en su función de asegurar una provisión de recursos eficiente (Weisbrod)[3].

 

Las entidades sin fines de lucrativos, en la sociedad actual tienen un papel muy importante junto al Estado. En un principio las también llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG) se han desarrollado con vínculos estrechos con él, cuestionándose su autonomía dado que la financiación de gran número de ellas ha dependido directamente de los presupuestos del Estado; llegando a ser organizaciones instrumentales del mismo. Así en los últimos años en España, al igual que en el resto de Europa, este tipo de instituciones han incrementado su dependencia del sector público en detrimento de las fuentes de financiación privadas (por ejemplo las organizaciones que surgen para conseguir subvenciones  públicas realizando posteriormente su labor en el tercer mundo). Esta reflexión no quiere decir que las entidades sin fines de lucro no la tengan como financiación importante  sino que sus fuentes deberían ser diversas y suficientes de forma que se garantice la autonomía. No debemos olvidar que aunque el voluntariado pueda colaborar con el Estado en la prestación de múltiples servicios que corresponden al sector público en su función universalizadora y de redistribución mantiene espacios propios de actuación.[4]

 

Las entidades sin fines de lucro deben desarrollar un papel de cobertura allí donde las necesidades no están cubiertas bien sea por el Estado o por el sector privado, actuando de forma complementaria e independiente de los mismos, especializándose; pero también deben desenvolverse en otros ámbitos de actuación llevando sus características y manera particular de “saber hacer” a los mismos generando corrientes de opinión en cuanto a valores.

 


ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

 

La estructura clásica de las sociedades industrializadas capitalistas se forma por la existencia de dos grandes sectores: el sector Privado y el sector Público. Junto a estos dos coexiste un sector Privado No Lucrativo cuya función es la de producir un cambio en la estructura social a la vez que sirve productos no destinados, en principio, a la venta, para grupo particulares; con los recursos obtenidos de pagos voluntarios de los grupos particulares.

 

Con el término de entidades sin fines de lucro se han calificado una serie de organizaciones que persiguen unos objetivos bien diferenciados y que no corresponden con aquellos tradicionalmente atribuibles tanto al sector privado como al sector público.

 

El término no lucrativo puede inducir a equívocos de interpretación. La definición de lucrativo según el Diccionario de la Real Academia Española es “que produce utilidad o ganancia”. Por tanto como señala Guillermo Barreno [5] pudiera parecer contradictorio que entidades – personas jurídicas y físicas – tengan como objetivo social la realización de trabajos que no produzcan utilidad o ganancia.

 

Así, la definición de entidades sin fines de lucro es una definición negativa, que solo nos dice lo que no son: el resultado económico si existe no se reparte entre los accionistas o propietarios, pero no recoge el verdadero contenido. Contrariamente a la empresa privada que busca el beneficio, las entidades sin fines lucrativos persiguen en general objetivos múltiples difíciles de medir[6] destinando para ello un patrimonio y una serie de recursos. Es decir, no es su carácter de no lucrativas o, dicho de otro modo, no comercial, ni su naturaleza no gubernamental la característica distintiva de este tipo de organizaciones sino que persiguen mediante su acción un ser humano cambiado. He aquí la primera diferencia sustancial con la empresa privada (producción de un bien o servicio que el cliente compra, y queda satisfecho con él) y con el estado (desarrollo de políticas eficaces y efectivas).

 

Definirlo sólo por lo negativo es demasiado pobre, no se da idea de las características de aquello que se está definiendo.  Esto nos muestra la dificultad que existe para delimitar un perfil propio y precisar una actividad común a todas aquellas entidades que se agrupan bajo esta denominación.  Es un conglomerado de agrupaciones, asociaciones, organizaciones y movimientos con múltiples elementos que los diferencian entre sí, y donde es muy difícil establecer características comunes.  Además, se trata de un sector que se define por su diferencia al Estado y al Mercado y sin embargo cada vez son más las implicaciones que mantiene con ambos.  En cuanto a su carácter no gubernamental parece más claro, pero en ocasiones dada la progresiva vinculación de este tipo de organizaciones al sector público a través de la gestión indirecta de servicios y de las subvenciones que reciben del mismo la frontera se diluye.  Para venir a complicar aún más la situación, la frontera puede desaparecer en las organizaciones creadas por las propias Administraciones Públicas para colaborar con los servicios sociales, como por ejemplo prevé la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia de 14 de abril de 1993, que en su articulo 47 dice “Las entidades locales podrán promover el voluntariado social mediante la creación de organizaciones de voluntarios para la concesión de los fines previstos en la presente ley…”.  ¿Pueden ser no gubernamentales las asociaciones creadas por la Administración?  Incluso un elemento que puede ser tan característico como puede ser la mejora de la calidad de vida, en ocasiones se transforma en meras reivindicaciones corporativas en las que sólo se piensa en la “mejora de la vida de unos pocos”, en detrimento de otros grupos o a costa de la de otros.[7]

 

La consolidación de la responsabilidad pública en el ámbito de los servicios sociales y de la ayuda al tercer mundo es una reivindicación histórica de las organizaciones del tercer sector y un propósito que comparten con las administraciones públicas y otros agentes sociales, planteándose el fortalecimiento sobre la contribución de las entidades sin fines lucrativos al estado del bienestar[8].

 

“La función de las asociaciones consiste en hacer <<aflorar>> a la conciencia colectiva necesidades sociales hasta entonces ignoradas o mal conocidas, bien sea por medio de iniciativas concretas o de llamadas y reivindicaciones que éstas formular. Portador, alternativa o conjuntamente, de ideas y de demandas, promotor de innovaciones, deslindador de nuevos campos, operador en el terreno, administrador de servicios colectivos, el sector asociativo ejerce de este modo funciones que se sitúan a la cabeza y en el corazón del desarrollo de políticas de acción educativa, sanitaria, social..”[9]

 

Estas instituciones tienen una función social que sobrepasa la simple producción de un bien o servicio. El papel de los valores sobre los cuales descansa la identidad de la organización es, en general, muy importante: obtener un impacto más bien que realizar un beneficio. Las entidades sin fines de lucro no buscan solamente proveer un servicio sino también obtener un cierto impacto, realizar objetivos externos a la ayuda de las prestaciones. La ESFL no provee de bienes (empresa mercantil) o servicios ni controla (Estado). Estas organizaciones son agentes de cambio humano.[10] Las acompaña un papel de organización, de enseñanza de valores fundamentales de la sociedad y de mediación entre los individuos y los poderes públicos. A veces este tipo de organizaciones se hacen tan fuertes que son capaces de organizar movimientos sociales (un ejemplo es el movimiento ecologista). Así son importantes por lo que hacen y también por las consecuencias de lo que hacen y por cómo lo hacen.

 

Para poder ser entendida como tal[11] una institución debería poseer los cinco rasgos siguientes:

1.     Estar organizada formalmente, es decir, debe tener una estructura interna, estabilidad de objetivos formales y con una distinción entre socios y no socios. Este criterio excluye de este ámbito de estudio las manifestaciones informales de solidaridad, colaboración ayuda mutua.

2.    Ser privada, por lo tanto, debe estar separada institucionalmente de las administraciones públicas. Esto no significa que la organización en cuestión no pueda recibir apoyo público ni que no pueda haber funcionarios públicos en sus órganos de gobierno.

3.    Ausencia de ánimo de lucro. Las organizaciones del Tercer Sector no deben repartir beneficios entre los propietarios, administraciones o directivos. Esto implica que su finalidad principal no es la de generar beneficios ni estar guiada por criterios comerciales. Las organizaciones del Tercer Sector pueden obtener beneficios pero estos deben ser reinvertidos en función de la misión corporativa de la organización.

4.    Capacidad de autocontrol institucional, es decir, estas organizaciones han de tener sus propios mecanismos de autogobierno y han de gozar de un significativo grado de autonomía.

5.    Participación voluntaria: la participación o no de sus miembros ha de depender de la libre voluntad de los mismos y no de imposiciones externas. Por otra parte, hay también un significativo grado de participación de voluntarios, esto es, personas que aportan tiempo no remunerado.


 

CONTABILIDAD DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

 

La presencia de las entidades sin fines de lucro cada vez más importante y el aumento del peso económico relativo, en los países más desarrollados y también en los que están en vía de desarrollo, ha llevado a una demanda creciente de información y transparencia sobre las actividades que realizan y el modo y empleo de los recursos y medios que gestionan. Una contabilidad que refleje la imagen fiel es imprescindible para el buen gobierno de las entidades sin fines de lucro. Asimismo los destinatarios de las actividades de las ESFL, sus características peculiares, la propia conducta de la sociedad donde se encuentra inserta conducen a la necesidad de facilitar de una forma determinada los datos sobre los recursos empleados en la atención de sus fines sociales.

 

La información contable es una herramienta para el control de la Institución. Su utilización no es sólo útil para terceros (lo que ahora se entiende por el término anglosajón stakeholder: protectorado, usuarios, financiadores,…), sino que es indispensable para controlar y planificar los programas, proyectos y actividades. Este control es imprescindible en las entidades sin fines lucrativos ya que normalmente el hecho económico se produce a la inversa que en el mundo empresarial, primero se obtienen los fondos y posteriormente se produce el gasto.

 

El plan contable de adaptación sectorial de las entidades sin ánimo de lucro y normas de información presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 776/1998 (y que sigue en vigor a pesar del nuevo plan general contable de 2007), dio un paso en la normalización de la forma en que estas entidades deben elaborar y presentar los datos contables. Sin embargo esta adaptación sectorial, no deja de ser eso, adaptación del Plan General de Contabilidad, pensado y concebido para el mundo mercantil.

 

La denominación de Entidades sin fines de lucro, que antes se han descrito como una “definición de lo que no son”, contiene precisamente la característica más importante: la ausencia del ánimo de lucro. Por tanto, la finalidad primordial de su contabilidad no será registrar correctamente los resultados económicos obtenidos en su actividad –beneficios o pérdidas en su aceptación más tradicional-, sino la de recoger y explicar las variaciones que sufre su patrimonio como garantía para su estabilidad, los compromisos asumidos y la cobertura estimada para su cumplimiento y, fundamentalmente, los logros propuestos alcanzados y el grado de realización en el ejercicio de las actividades sociales emprendidas[12].

 

No podemos dejar a un lado la repercusión que el beneficio tiene sobre la vida de una ESFL. Podría argumentarse que en ausencia de ánimo de lucro el riesgo de descapitalización no llegaría a darse puesto que no hay distribución de dividendos alguna. Sí embargo el excedente mide si estas organizaciones han vivido dentro de sus posibilidades. Y esto es así porque tanto las lucrativas como las no lucrativas tienen que equilibrar sus entradas y salidas si quieren sobrevivir. Así se entiende que el equilibrio en las empresas se consigue cuando los ingresos cubren los costes incluidos los de capital, mientras en las ESFL el equilibrio se consigue cumpliendo unos presupuestos equilibrados y obteniendo el excedente suficiente para mantener e incrementar el inmovilizado necesario para sus actividades, así como las exigencias de financiación derivadas de las diferencias temporales entre los cobros y los pagos que emanan del presupuesto equilibrado de ingresos, gastos e inversiones.

 

Estas entidades obtienen ingresos para poder cumplir los fines de tipo social, dotándolas de presupuesto, que es la herramienta que sirve de control. El beneficio no es un indicador que sirva para la gestión ya que no es un objetivo pretendido, pasando a un segundo plano y con una finalidad distinta ya que los posibles beneficios nunca serán repartidos. La formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias, o excedente como se denomina en la terminología de las entidades sin fines de lucro, no tiene sentido reportando poca utilidad o ninguna para medir la actuación de la organización respectiva.

 

Los agentes económicos que aportan los recursos de la entidad, son normalmente distintos de los beneficiarios de los servicios prestados por ésta, por lo que los primeros no condicionan su donación basándose en la satisfacción experimentada en el disfrute de tales servicios, sino en otro tipo de percepciones que les aporten una medida sobre la calidad y oportunidad de las actividades de la entidad. El acceso a este tipo de percepciones debería formar parte de los objetivos de información presentes en sistema de información contable de éstas.

 

La evaluación de la eficacia de las entidades sin fines de lucro dependerá de las actividades ejecutadas en un determinado período de tiempo y de la previsión de las mismas en un futuro. Así la contabilidad deberá reflejar esta información, registrando las variaciones sucedidas en su patrimonio como consecuencia de la realización de actividades y compromisos asumidos, rindiendo cuentas sobre los objetivos presupuestados y los alcanzados. Las variaciones patrimoniales son cambios cualitativos y cuantitativos provocados en el patrimonio, por diferentes hechos o actos ciertos o con alta probabilidad de ocurrencia, cuantificables objetivamente en moneda, en el desarrollo de su fin social.

 

Antes hemos nombrado la palabra capital. Aquí realizamos la mención expresa ya que  otra de las características principales de las Entidades sin fines lucrativos no es la ausencia de capital, sino que este no es propiedad de nadie y por tanto no existen participaciones sobre el mismo:

 

           Su capital no es propiedad de personas interesadas en su rentabilidad económica.  La  protección de la inversión no es un objetivo que deba estar presente en la contabilidad de estas entidades.

 

           Su capital dejó de pertenecer al patrimonio del fundador y posteriores donantes para personificarse en otro autónomo, afecto a la realización de un fin. La obtención de información sobre el grado de cumplimiento de tales fines, es información relevante para los aportadores.

 

En la interpretación tradicional hasta ahora se entiende que dentro de una entidad sin fines lucrativos coexisten actividades lucrativas o mercantiles con otras que no lo son. Si la definición de No lucrativa es que el resultado económico si existe no se reparte entre los accionistas o propietarios, el corolario resultante es que en una entidad sin fines lucrativos existen actividades que no reparten beneficios a sus propietarios y otras que sí van a generar dividendos, llegando al absurdo en esta deducción ya que ni hay dueños ni por ende se reparte remuneración alguna a los propietarios  puesto que éstos no existen. La mayor niega la menor dejando sin validez la división impuesta por la visión fiscal, siendo todas las actividades no lucrativas y llegando a la conclusión de que es la entidad la que tiene o no fines lucrativos y no las tareas que desarrolla.

 


[1]«Las personas más vulnerables son aquellas que corren mayor peligro en situaciones en las que, tanto su vida como su capacidad para vivir con un mínimo de seguridad social y económica y de dignidad humana, están amenazadas». Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1.990. Versión actualizada 1.992, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1.992, pág. 9.

[2] Gil García: «Iniciativa Social y Voluntariado», en <<Bienestar Social y Desarrollo de los Derechos Sociales. Jornadas de Estudio y Planificación de la Acción Social>>. Fundación Friedrich Ebert. 1991

[3] Weisbrod, B. A.: “Toward a theory of the voluntary non profit sector in a Three-Sector Economy”. Altruism, Morality and Economic Theory. E.S. Phelps 1975. New York.

[4] Gil, Santiago: “Animación y dinamización socio cultural de la juventud “. Documento Multicopiado. Madrid, 1992.

[5] Guillermo Barreno Vara: “La colaboración de los economistas en las entidades no lucrativas”, en Revista del Colegio de Economistas de Madrid, número 51.

[6] “A estas funciones se encuentra estrechamente ligada la que desempeña la vida asociativa en el desarrollo de una cierta calidad de vida social y de solidaridad, en los que la autonomía y la identidad de cada individuo pueden afirmarse en el seno de conjuntos de envergadura humana, basados en relaciones contractuales…

 

La asociación cumple una función de intermediario no solamente entre los individuos, y entre los individuos y los poderes públicos sino también entre <<mundos>> que en una sociedad cada vez más compleja, tienden en demasiadas ocasiones a codearse sin comunicarse verdaderamente: <<mundos>> de la producción, por una parte, de la educación y de la formación por otra, de lo económico y de lo social, de lo social y de lo médico, del asalariado y del voluntariado, de lo privado y de lo público, etcétera.”[6]

 

[7] Navajo, Pablo en iniciativasocial.net

[8] Tal y como constatan Salomon, Sokolowsky y Anheir (2000) contradiciendo las teorías de los orígenes del sector no lucrativo que asumen una relación competitiva entre el sector no lucrativo y el estado en la producción de bienes públicos, existe evidencia transnacional de la ausencia de relación entre el tamaño del sector no lucrativo y el del sector público ocupado en las políticas de bienestar social.

[9] Informe del Consejo Económico y Social francés. 1986.

[10] Véase “Dirección de Instituciones sin fines de lucro” de Peter F. Drucker. Editorial “El Ateneo”. Argentina 1992.

[11] Según la definición de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore

[12] Extraído del Libro blanco de la contabilidad, pag. 336

Reseña sobre el Plan Contable de Entidades Sin Fines de Lucro

El Plan Contable para Entidades Sin Fines Lucrativos surge como un nuevo plan para las Entidades que no persiguen el reparto de beneficios con el mismo rango que el propio plan General de Contabilidad. Recoge las características propias de este tipo de entidades impuestas por los hechos diferenciales del sujeto contable al que va dirigida y cuyo objetivo no es obtener un lucro comercial sino perseguir fines de interés general en beneficio de la comunidad, entre los que pueden citarse los de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación al desarrollo, etc.

El cambio de mayor calado es el que afecta a los documentos que integran las cuentas anuales, al presentarse en un solo estado, la cuenta de resultados y los cambios en el patrimonio neto; expresando la variación en los recursos netos no exigibles puestos a disposición de la entidad, en ese ejercicio, para el cumplimiento de sus fines.

El segundo cambio reseñable en el marco conceptual es el introducción en la redacción de los elementos que integran las cuentas anuales: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. En particular, la nueva definición de activo y su criterio de reconocimiento en respuesta a los objetivos de naturaleza social, que con carácter general persiguen este tipo de entidades, en lugar de la generación de flujos de efectivo o beneficios en el futuro.

En consecuencia, la tercera variación reseñable, se sitúa en los criterios de valoración, donde se incorpora el coste de reposición como la mejor estimación del valor en uso de los activos no generadores de flujos de efectivo, a los efectos de calcular su deterioro.

En cuanto a las normas de registro y valoración hay particularidades incluidas en diversos apartados:

– Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
– Normas particulares sobre los gastos de investigación y desarrollo que pudieran calificarse como activos no generadores de flujos de efectivo.
– Bienes del Patrimonio Histórico.
– Créditos y débitos por la actividad propia.
– Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
– Impuesto sobre beneficios.
– Gastos e ingresos de las entidades no lucrativas.
– Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
– Fusiones entre entidades no lucrativas.

No voy a profundizar en todo y cada uno de ellos. Pero sí quiero hacer referencia a alguno, ya que introducen o mejor dicho reafirman como contabilizar determinadas partidas de nuestras cuenta anuales:

– En cuanto a créditos y débitos, en el caso de que se otorguen por importe inferior al de mercado; la diferencia entre el valor razonable del crédito en la fecha de concesión y el importe entregado debe poner de manifiesto la ayuda monetaria implícita. Además en el caso de ayudas plurienales concedidas de manera irrevocable, incluso aunque el beneficiario tuviera que cumplir alguna condición, deberán contabilizarse por su valor actual en el momento de la concesión (en el origen), y no en el momento del pago.

– Las existencias entregadas sin contraprestación del destinatario lucirán como gasto en la cuenta de resultados por su valor contable.

– En cuanto a los criterios sobre gastos e ingresos, la norma octava vuelve a incidir en que las ayudas otorgadas se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión, de acuerdo al principio de devengo. En la contabilización de los ingresos propios de la entidad reconociendo que siempre que la diferencia sea a favor del beneficiario o usuario se valoren por el importe acordado.

– En cuanto a la norma novena, dedicada a subvenciones, donaciones y legados recibidos aclara la contabilización de estas ayudas. En tanto y en cuanto no sean reintegrables serán imputables directamente al patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación como ingresos. En el caso de las reintegrables se registrarán como pasivos (hay que decir que esto no es nuevo en este plan ya que ya estaba recogido así en el plan General de Contabilidad, pero que no ha sido aplicado adecuadamente por las entidades), hasta que adquieran la condición de no reintegrable (con el cumplimiento de los fines para los que fue recibida).

– En cuanto a las cesiones de uso de forma gratuita, en el caso de que el tiempo sea ilimitado deberá valorarse en el activo mediante una capitalización perpetua. En el caso de que fuera por tiempo determinado, se contabilizará de forma proporcional al mismo. En todo caso se amortizarán en función de la vida útil del bien.

– Los servicios recibidos sin contraprestación, se contabilizarán como un gasto de acurdo con su naturaleza y a la vez un ingreso en concepto de subvención / donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido. En este apartado fue muy discutida la valoración de la aportación del voluntariado, quedando fuera de valoración por la complejidad y posible arbitrariedad en cuando al valor razonable.

En otro plano se introducen obligaciones de información sobre la actividades realizadas, presupuesto y objetivo alcanzado, recursos humanos empleados incluyendo el personal, las prestaciones de servicios y el voluntariado (tanto en número de personas como en horas dedicadas), los recursos económicos empleados, los recursos económicos objetenidos así como el objetivo a conseguir con cada uno de los programas / proyectos y la forma de medirlo.

Convenio de colaboración o contrato de patrocinio

Principales diferencias entre del convenio de colaboración y el contrato de patrocinio

Convenio de colaboración

(Regulado por el artículo 25 de la Ley 49/2002)

• El convenio de colaboración es un acuerdo por el que las entidades beneficiarias de mecenazgos (entidades no lucrativas) se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador (empresas) a cambio de una ayuda económica, que da la empresa a la entidad no lucrativa, para la realización de actividades propias de la entidad.

• La ayuda económica de la empresa colaboradora puede efectuarse de forma económica o en especie.

• La difusión de la colaboración únicamente podrá ser efectuada por la entidad beneficiaria de mecenazgo (entidad no lucrativa). Es decir, la empresa no podrá hacer difusión por ningún medio de la colaboración realizada.

Contrato de patrocinio

(Regulado por el artículo 24 de la Ley 34/1998, General de Publicidad)

• El contrato de patrocinio es aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad, se compromete a colaborar a la publicidad del patrocinador.

Como podemos ver, con el convenio de colaboración únicamente puede realizar difusión de la donación económica o en especie la entidad no lucrativa que lo recibe. En cambio, en el contrato de patrocinio, ambas partes, entidad y empresa pueden difundir el acuerdo (siendo de obligado complimiento por parte de la entidad no lucrativa ya que en el propio contrato de patrocinio se compromete a ello.)

Curso sobre el Plan Contable para Entidades Sin Fines Lucrativos en Sevilla

El día 1 de diciembre en Sevilla, y oganizado por Auditoría y Consulta, SA (AYCSA) y la Asociación de Fundaciones Andaluza, se celebró el curso sobre el nuevo Plan contable, publicado recientemente, para entidades Sin Fines Lucrativos.
La participación fue masiva, el salón de actos de Caja Sol, estuvo repleto. 

Participamos como ponenstes: 

  • Presentación de Luis Ruiz de Huidobro de Carlo, socio-director de Auditoría y Consulta, entidad colaboradora de la jornada, y Juan Luis Muños Escassi, director gerente de la Asociación de Fundaciones Andaluzas.
  • Alejandro Larriba Díaz Zorita catedrático de la Universidad de Alcalá y miembro del Grupo de Trabajo del PGC ESFL creado por el ICAC, quien ha introducido el significado y la trascendencia del nuevo modelo contable.
  • Luis Ureña García, economista y director del departamento de auditoría interna de Cáritas Española y miembro del Grupo de Trabajo del PGC ESFL creado por el ICAC, acompañado de Enrique Rúa Alonso, economista y profesor de la Universidad CEU San Pablo y miembro del Grupo de Trabajo del PGC ESFL creado por el ICAC, han comentado las normas de elaboración de las cuentas anuales: balance y cuenta de variaciones patrimoniales (resultados) en el nuevo Plan General de Contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro.
  • Francisco Serrano Moracho, economista y profesor de la Universidad de Alcalá, Director de la Escuela de Formación del ICJC de España y miembro del Grupo de Trabajo del PGC ESFL creado por el ICAC, que ha expuesto las novedades en las normas de registro y valoración en el Nuevo Plan General de Contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro en comparación con la adaptación del Plan General de Contabilidad regulado por el Real Decreto.
  • Juan Jesús Donoso Azañón, me tocó por fin a mi, traté sobre los otros documentos contemplados en el nuevo PGC ESFL y la normativa reguladora: Plan de actuación y su liquidación, estado de flujos efectivo y cuadro de destino de renta. Juan Jesús Donoso es economista, Director Económico de Cruz Roja Española, master por la Universidad de Valladolid, y también por la UOC y ESADE; y miembro del Grupo de Trabajo del PGC ESFL creado por el ICAC.
  • Luis Ruiz de Huidobro de Carlos, economista, profesor de la Universidad de Alcalá, Socio- director de Auditoría y Consulta S.A, y miembro del Grupo de Trabajo del PGC ESFL creado por el ICAC, se ha encargado de explicar las novedades de la Memoria en el nuevo PGC ESFL.
  • Claurusa de la Jornada, Juan Manuel Pérez Iglesias, secretario general del ICAC.