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Criterios sociales en la contratación pública

COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Análisis, aplicación y seguimiento de cláusulas sociales.

El Consejo de Ministros del viernes 2 de marzo de 2018 ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

Este órgano se constituye en el marco de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas que establecen el nuevo marco jurídico en materia de contratación. Esta ley plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social.

El objetivo de esta Comisión «es avanzar hacia una contratación pública socialmente más responsable, que promueva mayores oportunidades de inclusión social, de accesibilidad y un mayor el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores». Para ello, se prevé la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que incentiven a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable.

Esta Comisión Interministerial pretende una actuación coordinada del sector público estatal en las actuaciones de incorporación de criterios sociales en la contratación.

En esta Comisión, que estará adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estarán representados todos los Ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública. Para ello, la Comisión podrá elaborar propuestas y recomendaciones, así como informes, estudios o guías de aplicación, para su consideración por el Consejo de Ministros.

Además, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas.

Conforme establece la disposición final decimosexta de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas que establecen el nuevo marco jurídico en materia de contratación la entrada en vigor será el próximo 9 de marzo.