FOESSA. Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada / CARITAS ESPAÑOLA
Un nuevo informe de Cáritas y la Fundación Foessa indica que el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero, es decir, destinan más del 60% de sus ingresos a ese pago La vivienda asfixia a más de tres millones de personas: 6 de cada 10 euros los dedican a casa, comida y suministros.
La vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza para numerosas familias en España, sobre todo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las cuentas de millones de personas, indica la Fundación Foessa y Cáritas en su nuevo informe: del informe Análisis y Perspectivas 2023. Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, donde aseguran que tres millones de hogares (16,8%) se sitúan por debajo del umbral de la pobreza severa.
En los últimos años, señala el informe, las familias con menos ingresos han invertido más de seis de cada 10 euros (63%) en gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos.
Si bien es una buena noticia que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008, añade el estudio, también advierte de que “el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%”. Esa disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que “el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%)”.
“Sirve de muy poco ese aumento de los ingresos si las condiciones de vida no mejoran”, indica Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación Foessa, que ha destacado la importancia de que se amplíe la vivienda social para que sea asequible para la población más vulnerable.
Asimismo, ambas organizaciones han señalado que un total de 2,5 millones de personas “son pobres a pesar de que trabajan”. “Se trata de personas que madrugan, que cumplen con su trabajo, pero los ingresos que obtienen no les permiten salir de situaciones de pobreza”.
En las últimas crisis, indica Cáritas Española, ha habido una constante y es que son las familias más vulnerables las más afectadas. Así ha ocurrido desde la crisis económica de 2008, cuando aumentó la exclusión social, y después, en 2015, indican ambas organizaciones, la recuperación “no llegó para todos”. En 2020, la pandemia también “se cebó con las personas con empleos precarios y con las familias con hijos a cargo”, así como con las personas migrantes.
Familias que recurren al subarriendo de habitaciones. El precio de la vivienda no deja de subir, la casa que en 2015 valía 100.000 euros ahora cuesta 150.000 euros, un incremento que para muchas familias es imposible de asumir y deja como única opción habitacional el alquiler, si bien también se ha incrementado notablemente, un 44% según el portal Idealista.
Además, indica el informe, en un intento por encontrar soluciones económicas y sostenibles, cada vez más familias se ven obligadas a recurrir a fórmulas como el subarriendo de habitaciones. En apenas cinco años, el porcentaje de familias con esta casuística ha experimentado un notorio aumento, llegando al 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares).
También se está registrando un incremento en el número de familias que residen en viviendas inseguras, llegando al 23,2% en 2021, lo que implica que más de 4,2 millones de hogares viven en pisos compartidos o cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio.
De manera paralela, la cifra de familias que habitan viviendas inadecuadas, aquellas que no cumplen con las condiciones mínimas dignas para la vida cotidiana, “también ha experimentado un preocupante aumento, pasando del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias)”.
Posibles soluciones. El estudio propone algunas consideraciones tanto en la esfera de los ingresos como en la de los gastos para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Por ello, considera fundamental que se pongan en marcha acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, como es la ampliación del número de viviendas sociales en alquiler, así como el de viviendas de emergencia, “lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad”.
El informe también destaca la necesidad decoordinar políticas de empleo centradas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral, así como abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral, lo que implica reducir la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas.
Asimismo, consideran fundamental realizar los cambios legislativos para que las trabajadoras del hogar alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social y establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular.
En conclusión, a lo largo de este informe se ha explorado detenidamente las complejas dinámicas que determinan las condiciones de vida en la sociedad española, demostrando de manera concluyente que, para mejorarlas, no basta con enfocarse únicamente en uno de los dos elementos de la ecuación: ingresos o gastos. La mejora integral de la calidad de vida requiere abordar ambos aspectos de manera paralela y coordinada. Una integralidad que debe estar conceptualizada como tal en el centro de cualquier intervención que pretenda mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables, ya sea de los servicios sociales públicos o de las entidades del tercer sector.
Es necesario abordar ambas variables de manera simultánea, probablemente el déficit más pronunciado se encuentra en la actualidad en la esfera de los gastos. Así, a pesar de un crecimiento moderado pero constante en los ingresos, los gastos, mención especial a la vivienda, se han elevado de manera notable, lo que ha generado desafíos significativos en términos de asequibilidad y sostenibilidad financiera para numerosos hogares.
Y si bien es esta una afirmación válida para el conjunto de la población, se hace especialmente manifiesta para aquellas familias con menores ingresos. En cada crisis que ha atravesado nuestra sociedad, una realidad persistente se hace patente: son los más vulnerables quienes sufren de manera desproporcionada las consecuencias más graves. Ya sea en tiempos de recesión económica, crisis sanitarias o desafíos socioeconómicos, los grupos más frágiles de nuestra población enfrentan una carga mayor que termina derivando en un deterioro de sus condiciones de vida superiores al del conjunto de la población.
El informe señala una serie de retos que, como sociedad tenemos sobre la mesa y que tendrían que tenerse en cuenta si queremos aliviar el sufrimiento a tantas familias:
Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente on line para evitar la brecha digital; programas formativos acompañados de acciones socioeducativas para las personas que constituyen colectivos prioritarios.
Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. Para lograrlo, debemos trazar un camino que continúe en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos laborales, brindando a los trabajadores y trabajadoras la seguridad y estabilidad que merecen. Asimismo, es esencial abogar por la reducción de la parcialidad en las jornadas de trabajo, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva. Y, por último, en esta lucha contra la precariedad, también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad. Mejorar estos elementos no solo beneficiaría a la clase trabajadora, sino que fortalecería la base económica y social, promoviendo una sociedad más equitativa y próspera.
Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.
Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, sin excepciones. Con el propósito de que nadie se quede atrás en el horizonte, es necesario que el sistema de garantía de ingresos mire a colectivos hasta ahora excluidos del mismo como pueden ser las personas en situación administrativa irregular. Pero también se hacen necesarios ajustes administrativos tales como la simplificación normativa o la posibilidad de que las prestaciones se asignen automáticamente a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que estas tengan que ser quienes las soliciten.
El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos para asegurar que quien percibe la prestación tenga la oportunidad de vivir con un mínimo de bienestar. Para esto es necesario el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías ofreciendo complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la Administración Pública. Unos montos que, en última instancia, deben ajustarse tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar.
El acceso a una vivienda digna y adecuada es sin duda un desafío presente y futuro para nuestra sociedad, y para abordarlo con la valentía y determinación que requiere es fundamental una implicación sin reservas en el diseño y aplicación de políticas públicas. El hecho de contar con una vivienda digna, junto con el acceso al agua, energía e internet, es el derecho que abre la puerta y hace posible o no el acceso a otros derechos. Se trata sin duda de la piedra angular del bienestar de las personas, convirtiéndose en un auténtico catalizador de bienestar y acceso a derechos.
Algunas posibles acciones concretas y efectivas de intervención en vivienda serían las siguientes. Por un lado, ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles. Por otro, incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad y, en última instancia, que nadie se quedase sin techo por adversidades económicas.
Acceso al texto completo del INFORME FOESSA: Análisis y Perspectivas 2023. Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida>>>
